Ante la amenaza del líder morenista, Ignacio Mier Velazco, en la Cámara de Diputados para reducir hasta 25 mil millones de pesos el presupuesto del Poder Judicial, en una sesión pública, la ministra presidenta puntualizó que, “el debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres Poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal no implica una política de austeridad, sino que nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho”.
La presidenta del Poder Judicial de la Federación (PJF), Norma Lucía Piña Hernández, en Pleno conjunto con el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “atendiendo al ejercicio de pesos y contrapesos que prevé la Constitución”, presentó al Poder Ejecutivo la propuesta de presupuesto del PJF para el ejercicio fiscal 2024 de 84 mil 794 millones de pesos que representa un incremento real del 4 % respecto del 2023 que fue de 78 mil 544 millones de pesos. Al defender el proyecto dijo que se construyó bajo los principios de eficacia, economía, transparencia y honradez y son recursos necesarios para garantizar la continuidad y la impartición de justicia.
Entre los rubros más importantes a los que se destinarán los recursos, mencionó Piña, está el proceso electoral del 2024 en el que se renovarán más de 20 mil puestos de elección popular lo que incrementará los asuntos a resolver por el Tribunal; la implementación gradual del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de reciente creación y que legisladores y especialistas señalaron que para su cabal aplicación se debe contar con recursos; la continuidad del sistema de justicia laboral; el fortalecimiento del Instituto de la Defensoría Pública, que evidentemente está rebasado; y sí, también para las medidas de seguridad para los impartidores de justicia.
En su mensaje, la Ministra Presidenta declaró que “la independencia judicial exige establecer medidas y las salvaguardas necesarias para que no existan restricciones, influencias indebidas, presiones, amenazas o interferencias de ningún tipo en la actividad jurisdiccional”. Por su parte, y como era de esperarse, el oficialismo calificó de inédito y ofensivo lo que el PJF cataloga como un ejercicio de rendición de cuentas.
El diputado Mier Velazco de inmediato lo descalificó, “obligar a que estuvieran ahí presentes los plenos de las tres instituciones de dicho Poder me parece un despropósito histórico y un descuido terrible en las formas”, afirmó. También consideró que el PJF condiciona la impartición de justicia sobre la asignación presupuestaria, y como una amenaza que infiera que, sin la aprobación del presupuesto tal como lo envía, podría poner en riesgo la transición democrática de manera pacífica.
La situación dio una nueva oportunidad al Ejecutivo Federal para asegurar que los ministros quieren defender y preservar sus supuestos privilegios, “es mucho su cinismo”, dijo, y violan la constitución con “argucias legaloides” al ganar más que el Presidente. Aunque reconoció que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar o modificar la propuesta, aseguró “no me va a extrañar que no respeten la Constitución”. Sin orden expresa, ésta es la señal que morenistas y aliados tomarán para asestar un golpe al Poder Judicial y disminuirlo, pues no solo lo ha dicho la Ministra Presidenta, representantes de organismos autónomos y especialistas ya lo han planteado, presionar presupuestariamente a una institución es reducir su capacidad de acción y también se puede entender como una amenaza a la división de Poderes.
Se sabía que la asignación del presupuesto para el Poder Judicial generaría un ambiente hostil, como bien lo señaló Mier estamos en periodo electoral, continuar con el discurso contra la corrupción y el despilfarro beneficiará a la facción oficial, pero no quiere decir que se salven pues no es para nadie una sorpresa que los legisladores y secretarios de Estado también tengan privilegios y gastos excesivos.
Es necesario reiterar que, para cualquier queja o cuestionamiento sobre los procesos de un Poder, existen recursos legales a los que cualquier ciudadano, incluyendo al Presidente y representantes de otros Poderes, pueden acudir. Las acusaciones sin fundamentos solo provocan enfrentamientos estériles, no generan un cambio verdadero, pero sí generan más desconfianza en las instituciones creadas para dar certeza jurídica a la población, impartir y administrar justicia, una justicia que sí sea expedita, que ponga al centro a los más vulnerables, pero que sea para todos los mexicanos. ¿Qué busca el Presidente? desestabilizar al Poder Judicial en perjuicio de los justiciables o tomar control de él.
