La polémica y cuestionada detención del extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, por el caso Ayotzinapa, ya dio las primeras muestras judiciales de su debilidad al haber obtenido en un juicio de amparo una suspensión definitiva contra el auto de vinculación a proceso que le dictó el Juez de Control Marco Antonio Fuerte, el pasado 24 de agosto, por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia.
Aunque su proceso penal continuará y el exprocurador no podrá dejar, por ahora, el reclusorio, el citado Juez de Control debe suspender el proceso una vez concluida la etapa intermedia del juicio y deberá esperar a que el amparo sea resuelto en el fondo, independientemente de que la Fiscalía General de la República (FGR) impugne la resolución.
La suspensión fue concedida por la titular del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, Yazmín Eréndira Ruiz, notificó que por cuestión de turno no debe conocer y resolver el juicio de amparo y solicitó al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México atraer el caso.
Además del citado juicio de amparo, el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México resolverá de manera independiente un recurso de apelación promovido por Murillo Karam contra al auto de vinculación a proceso y la prisión justificada que le dictó el Juez de Control.
Esta resolución se suma a otros recientes hechos cuestionados en torno al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: primero, la sorpresiva orden de la FGR de cancelar 21 órdenes de aprehensión; segundo, la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) “por diferencias” de opinión con los procedimientos seguidos respecto a la cancelación de las órdenes de aprehensión. Aunado a esto, la filtración del informe sin testar de Alejandro Encinas, que abre la posibilidad a otras líneas de investigación y expone más la posible actuación de los militares en la desaparición de los normalistas. No faltaron, por supuesto, las muestras de descontento de los padres de las víctimas, como tampoco faltó la victimización del gobierno por las presiones a las que está sujeto por el caso que cumplió ocho años en impunidad.
Mientras tanto, al chivo expiatorio de esta administración le podría faltar poco para obtener su libertad. Las críticas surgidas al inicio del proceso de Murillo Karam de tratarse de un acto político, más que penal, además de la nula aportación de pruebas por los delitos de tortura y desaparición forzada, pueden ser la piedra con la que tropiecen el Fiscal General Alejandro Gertz y el Subsecretario Alejandro Encinas. El caso del exprocurador puede causarles más que un dolor de cabeza, sobre todo por los reclamos que ahora están llegando desde los Estados Unidos y las pruebas que menciona la DEA. El caso Ayotzinapa parece empantanarse nuevamente y la “verdad a modo” de la 4T, a naufragar.
