El Ministro Luis María Aguilar presentó un proyecto que busca terminar con la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en el país y podría ser discutida en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de mañana jueves 25 de agosto.
El voto de ocho ministros a favor del proyecto invalidaría el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece el catálogo de delitos que ameritan prisión oficiosa y permitirá a los jueces valorar caso por caso si es necesaria la medida de prisión justificada.
Aguilar establece, como ya lo ha mencionado en diferentes ocasiones el ministro presidente Arturo Zaldívar, que la figura es desproporcionada, vulnera la presunción de inocencia y contraviene tratados internacionales en materia de derechos humanos.
«Configurar a la prisión preventiva como la regla para la consecución del proceso penal le adjudica al proceso penal mexicano un carácter autoritario y arbitrario que atenta contra la propia funcionalidad del sistema» y sostiene que esta figura esta “lejos de ser una medida cautelar”, es una pena anticipada y “es una condena de estigmatización familiar y social que hace mucho daño a las personas”, resalta.
“Es una visión parcial, incapaz de mirar al sistema penal de forma integral, anclada a una inercia sobre la operación y funcionamiento de los órganos de procuración e impartición de justicia, que ha quedado superada por la reforma Constitucional en materia de derechos humanos y la transformación del sistema de justicia penal», agrega.
Con las reformas del gobierno actual que han ampliado el catalogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, ha regresado al esquema de delitos graves que funcionaba en la década de los 90, pese a que en 2008 se instauró un sistema penal acusatorio que privilegia la presunción de inocencia y las medidas alternas de solución de conflictos, sostiene.
El proyecto destaca que 92 mil 595 de las 226 mil 916 personas que estaban en prisión en junio pasado, el 40.8 por ciento, no han sido sentenciadas. Además, los más afectados son las personas en pobreza extrema que no pueden acceder a una defensa adecuada y los condenan a perpetuar su situación social.
Cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido a México terminar con la figura de prisión preventiva oficiosa y arraigo. Este proyecto está programado para ser discutido en vísperas de la sesión pública de la CIDH del caso García Rodríguez y Reyes Alpízar Vs. México.
