A casi nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) anunció su salida de México. Ángela Buitrago y Carlos Beristain declararon que no existen condiciones para que puedan continuar debido al bloqueo y falta de información por parte de la SEDENA, la SEMAR y el CISEN.
Recordemos que el GIEI llegó a México en 2015 para brindar asistencia técnica al Estado mexicano por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la búsqueda de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, después de la “verdad histórica” de la extinta PGR, por invitación del gobierno de AMLO, en 2020, regresaron con la promesa de que esta vez habría cooperación para llegar a la verdad.
Si bien López Obrador en un inicio demostró voluntad política para esclarecer los hechos y pidió a las fuerzas armadas colaborar, la realidad es que la apertura fue parcial, de modo que el riesgo que se corre “es que la mentira se institucionalice como respuesta”, señaló Beristain en la presentación del sexto y último informe del GIEI.
Buitrago y Beristain señalaron las presiones que tanto la Comisión de la verdad como la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa sufrieron, que fueron determinantes en la renuncia de Omar Gómez Trejo y desarmonizaron los trabajos entre las instituciones y los investigadores, como la extraña maniobra de revocar 21 órdenes de aprehensión. Asimismo, denunciaron el bloqueo para obtener información relevante para llegar a la verdad.
Aunque no se puede negar que sí hubo avances en la investigación, los obstáculos se agudizaron cuando se reconoce el involucramiento de las fuerzas armadas, como lo afirmó el mismo subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que se está frente a un crimen de Estado.
Incluso, la ONU-DH señala que los informes del GIEI revelan la confabulación criminal de autoridades, civiles y militares, de los distintos órdenes de gobierno, grandes violaciones a los derechos humanos y las grandes limitaciones del sistema de procuración y administración de justicia en México para resolver casos de alta complejidad y gran impacto como el de Ayotzinapa.
Ante los señalamientos, AMLO dijo que respeta sus puntos de vista, pero no los compartía, negando que las fuerzas armadas obstaculicen las investigaciones, acusando una campaña para debilitar a las fuerzas armadas y calificó a la ONU de parcial y tendenciosa. Durante una de sus conferencias de prensa impidió que los titulares de la SEDENA y la SEMAR dieran un posicionamiento, argumentando: “soy el comandante supremo de las fuerzas armadas” y al defender la actuación de la FA, afirmó que ya hay dos generales e integrantes de la milicia presos por el caso, y por ello no hay impunidad.
Por su parte, el GIEI difundió un último comunicado enfatizando que en sus informes jamás han manifestado opiniones personales y que sus conclusiones están basadas en pruebas, destacando que es obligación del Estado investigar, encontrar a los desaparecidos y hacer justicia. Señalan también que el alto número de desapariciones en México suponen una situación grave que cuestiona al Estado y la sociedad. A pesar de los obstáculos tanto en el sexenio pasado como en este, el avance en la investigación es evidente, no obstante, el acceso a la justicia es aún distante.
Entre las recomendaciones finales el GIEI establece que se debe eliminar la opacidad en las informaciones, asegurar que la investigación sea independiente, implementar mecanismos reales para la rendición de cuentas, sobre todo, la necesidad de investigación sobre diferentes actores que siguen obstruyendo el camino a la verdad.
El caso de Ayotzinapa destapó una red criminal que involucra fuerzas civiles y militares. Si era un secreto a voces, los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014 lo hicieron evidente, convirtiéndolo en un caso emblemático de violencia y violación de derechos humanos y, lamentablemente, sigue siendo un pacto de silencio y miedo, como señaló Beristain.
