De nueva cuenta el Poder Ejecutivo culpa al Poder Judicial de “obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso” en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, debido la resolución de la Jueza Segunda de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de México que modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a ocho militares acusados de participar en la desaparición de los normalistas.
En concordancia con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la inconvencionalidad del artículo 19 Constitucional que prevé la figura de la prisión preventiva oficiosa, cuyo criterio establece que cada caso debe ser revisado por sus particularidades. Es así que la jueza, al resolver el juicio de amparo interpuesto por los ocho militares, concluyó que “la fiscalía no había aportado datos de prueba que justificara su idoneidad y pertinencia”, además señala en negritas que la Fiscalía no interpuso recurso de revisión contra el fallo.
Así, el CJF aclaró que las medidas cautelares no privativas de libertad “aseguran la continuidad del proceso penal que se instruye a los inculpados, y que de incumplirse dejan abierta posibilidad de la fiscalía de solicitar nuevamente su modificación”. Por su parte, el Centro ProDh, organización que ha seguido el caso desde un inicio, señaló el deficiente trabajo de la Fiscalía General de la República en el caso, aunque reconoce que ha habido decisiones cuestionables del PJF, este no es el caso, es responsabilidad de la Fiscalía presentar pruebas.
Lamentablemente, el caso Ayotzinapa sigue siendo utilizado con tintes políticos y en el contexto actual, el gobierno federal lo usa para justificar los ataques y la tan anunciada reforma judicial. La esperanza que en un inicio generó el discurso del presidente y su supuesta voluntad se ha borrado con las constantes descalificaciones que él mismo ha hecho a familiares y contra quienes cuestionan a la milicia.
En un inicio, se trató de insinuar que se había dejado libres a estos ocho implicados, una vez desmentido por el CJF y la Jufed, La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) reconoció que esas personas continúan sujetos a proceso hasta que se dicte sentencia. Mientras que la Secretaría de Gobernación, en su posicionamiento asegura que esta decisión fue tomada “con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército […] y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad”. Tanto la CoVAJ como la Segob aseguran que agotarán todas las instancias legales posibles y el debido proceso para cumplir el principio de cero impunidad.
Aprovechar el desconocimiento de la ciudadanía es parte de la estrategia que usa el Ejecutivo para desprestigiar el actuar de los jueces y juezas, así como para golpear a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En ese sentido, la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, por instrucción del presidente publicó una carta que envió a la ministra Norma Piña en tono de reclamo por la resolución de la jueza. Cuando se ha repetido una y otra vez que existen mecanismos legales para inconformarse, sin embargo, esta es parte de la estrategia que han venido usando para golpetear a la titular del PJ y desprestigiar su actuación.
En su posicionamiento, culpan al poder judicial de no actuar “en contra de torturadores, como es el caso de Tomás ‘N’, actualmente prófugo en Israel”, cuando en realidad es obligación, en este caso, de la Fiscalía General de la República perseguir a los presuntos delincuentes y presentarlos con las pruebas correspondientes y realizar la acusación ante un juez.
Se debe saber que el sistema de justicia no recae solo en los jueces, la táctica es crear confusión respecto a las competencias entre instituciones, valiéndose de la demagogia que ha creado el ambiente perfecto para seguir generando desconfianza en el Poder Judicial y de la idoneidad de la iniciativa que pretende “democratizar” la elección de jueces, magistrados y ministros. Reiteramos, las actuaciones indebidas de jueces y juezas deben ser denunciadas, investigadas y sancionadas, sin embargo, en las circunstancias actuales y en este caso en específico, se debe ser muy crítico para poder diferenciar los ataques “deliberados” como bien señala la Segob.
