Con el fin de buscar una justicia más pronta y cercana a la ciudadanía, ponderando los acuerdos entre particulares para evitar juicios, la Comisión de Justicia y el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara del Senado presentaron el pasado 15 de noviembre el Proyecto de Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) que promueve la participación de la ciudadanía en la impartición de justicia, vía extrajudicial y a través de la instrumentación de soluciones efectivas, confiables y contundentes, relataron los legisladores promoventes.
El proyecto tiene como antecedentes las reformas a los artículos 17 y 73 constitucionales en 2008 y 2017, en esta última se facultó al Congreso federal para expedir leyes que establezcan principios y bases en la materia de solución de controversias por lo que consideró que lograr esta Ley representará una oportunidad para dar respuesta a esta deuda que se tiene con la sociedad. Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, explicó que para la construcción del proyecto se realizaron foros de Parlamento Abierto y se incluyó la visión de legisladores, magistrados y expertos en mecanismos alternativos de justicia.
Los MASC tienen como objetivo que las partes solucionen sus conflictos sin que se requiera acudir a instancias jurisdiccionales, lo que propicia y fomenta la cultura de la paz; al tiempo que busca reducir el número de expedientes judicializados a lo largo y ancho del país, señaló Sánchez Cordero. Esta herramienta para la justicia se caracteriza por la no confrontación, elimina el desgaste emocional y económico que produce un procedimiento judicial, explicó la senadora.
La Ley está integrada por 132 artículos, 14 transitorios y ocho capítulos: Naturaleza y objeto; De la competencia; De las personas facilitadoras; La certificación; De las partes; De la tramitación de los mecanismos alternativos de solución de controversias; Del convenio, de los Centros Alternativos de solución de controversias en tribunales de justicia administrativa; el octavo capítulo es el referente al régimen de responsabilidades y sanciones.
Aunque este instrumento jurídico será el inicio de una nueva era en la justicia mexicana, como lo ha señalado el magistrado Sergio Valls Esponda, Director General del Centro de Mediación del EDOMEX, también será necesario revisar los planteamientos jurídicos para garantizar que juristas encuentren en la ley una herramienta eficiente en defensa de los justiciables que representan.
La cuestión como en toda reforma al sistema de justicia es el cómo llegar a su adecuada implementación, recursos humanos, materiales y económicos para capacitar a los impartidores de justicia y, por supuesto, para su difusión, asegurando que la sociedad conozca y adopte estos mecanismos, retos que reconocieron los legisladores y que pueden ser un obstáculo, si consideramos que el Poder Judicial está siendo vulnerado en su presupuesto para el 2024.
Entre los beneficios que se subrayan es la despresurización de los órganos jurisdiccionales, además de hacer realidad la exigencia de los justiciables de una justicia pronta, accesible, más humana y que coadyuve en la reestructuración del tejido social. Desde la reforma del 2017 que daba un plazo de 180 días para expedir una ley en la materia, casi siete años después se logra hacer un proyecto que puede ser trascendental en la forma que se percibe e imparte justicia en México.
El avance dependerá de su eventual aprobación en el Congreso que tiene una deuda en la materia, pero también de los operadores que tendrán en sus manos la correcta aplicación de los mecanismos para cumplir con las expectativas, pero sobre todo seguir transformando para bien del sistema de justicia mexicano.
