El año 2022 no fue un buen año para los derechos humanos de las personas migrantes. México materializó la idea del muro que impide llegar a los Estados Unidos. Bajo esta idea, el control migratorio y la militarización se recrudeció, siendo las más afectadas, las personas migrantes.
Todavía con secuelas por la pandemia de COVID19; una economía que se encuentra en reconstrucción; un clima político cada vez más tenso y que se vislumbra mucho más sombrío ante la llegada de tiempos electorales; estados de la República mexicana con situaciones de violencia generalizada; un gobierno a quien no le importan los derechos humanos de las personas migrantes, y una oposición que tampoco puede proponer alternativas de implementación a nivel de política pública sobre derechos humanos, es que las personas migrantes ven diluidas sus posibilidades de una auténtica integración a la vida diaria en un país que, en el discurso, dice ser un auténtico espacio de fraternidad entre pueblos, pero que en la vida práctica, se dibuja como una entidad violenta cuyo objetivo es sencillo: impedir a toda costa que lleguen las personas migrantes a Estados Unidos.
A la fecha de elaboración de esta reflexión, las cifras de detención que realizó el Instituto Nacional de Migración en el año 2022 llegaron a casi medio millón de personas, según el Boletín Estadístico de la Unidad de Política Migratoria. Cifra récord si se compara con años anteriores. En efecto, existen múltiples factores que determinan este aumento, los cuales pueden ir desde una ambivalencia en la política migratoria de Estados Unidos, lo que ocasiona que no exista claridad en la información sobre los procesos de ingreso regular al país vecino de Norteamérica. Pero también obedece a la fuerte inversión que ha hecho el gobierno de México para contener la migración.
Ante las faltas de alternativas de regularización, las personas migrantes optan por acudir a la figura de refugio, lo que ha llevado a que el asilo en México, más que un mecanismo de protección internacional se convierta en una forma de regularización migratoria. El 2022, fue el año con más solicitudes de reconocimiento de la condición de refugio ingresadas ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). De acuerdo con el Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, “al concluir el 2022, la COMAR registró 118,478 solicitantes de la condición de refugiado en México. La segunda mayor cantidad de solicitantes registrada en México sólo por debajo de la cifra récord del 2021. Segundo año consecutivo con más de cien mil solicitantes”.
Aunado a lo anterior, las deportaciones de mexicanas y mexicanos migrantes, desde Estados Unidos, continúa en una dinámica de desamparo y separación familiar.
Conforme pasan los años, las mexicanas y mexicanos deportados desde Estados Unidos, no han podido encontrar una voz de apoyo en los gobiernos de los estados ni en el federal.
Los indicadores de sociedad civil señalan que lejos de disminuir, los episodios de desplazamiento forzado interno continúan acentuándose en diversos estados del país, como Chiapas, Sinaloa, Guerrero, Zacatecas o Michoacán, ello debido a la violencia, disputas entre carteles del narcotráfico, etcétera.
Lo anterior no da una idea de lo compleja que es la situación para las personas en contexto de movilidad en México: personas migrantes, refugiadas, deportadas, víctimas de desplazamiento forzado interno, por mencionar algunas, han visto mermados el ejercicio de sus derechos humanos.
Mientras tanto, siguen pendientes en el Poder Legislativo iniciativas de ley o reformas, en materia de migración, refugio o desplazamiento forzado interno, que dan cuenta del nulo desinterés que el Estado mexicano tiene para atender a esta población.
En este momento, se está llevando a cabo la X Cumbre de Líderes de América del Norte, en donde, lejos de esperar opciones que beneficien a las personas migrantes, la dinámica represiva y punitiva, continuará manteniéndose en el trato a la migración irregular.
El Estado mexicano en toda su amplitud (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial), debe asumir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos de personas migrantes. Si bien este 2022 fue complicado para las personas en contexto de movilidad, el 2023, no se espera que mejore.
