La amnistía en México, es un tema muy difícil y complejo de tratar, ya que el proponer su aplicación a los delincuentes del crimen organizado, narcotraficantes, violadores, homicidas, políticos corruptos, etc, conlleva a que el dolor y la impunidad sea más difícil de superar para las víctimas que han padecido este terrible tormento.
Este tema ha sido muy comentado en los últimos meses de este año, toda vez que en su campaña como candidato a la presidencia y ahora como presidente electo, las declaraciones del Lic. Andrés Manuel López Obrador, han sido, entre otras, las siguientes:
“No es posible que siga este régimen de corrupción e impunidad. Vamos a hacer todo lo que se pueda para que logremos la paz en el país. Que no haya violencia… Si es necesario… vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas, los familiares de las víctimas. No descartamos el perdón”
Para entender un poco este tema, debemos de definir la amnistía, la cual podemos decir que: “es la eliminación de la responsabilidad penal de un delito. Esta acción jurídica suele ser desarrollada por el Poder Legislativo y afectar a diversas personas que, anteriormente, habían sido consideradas culpables de una violación de la ley”.
La amnistía consiste en el perdón de delitos, generalmente políticos, que concede el gobierno de un país.[1]
Asimismo, debemos entender que la amnistía se aplica sobre el propio delito (se perdona el delito, no la pena). Esto significa que la amnistía logra la extinción de la responsabilidad civil o penal y borra los antecedentes. La amnistía también puede generar consecuencias retroactivas.
Para muchos especialistas en la materia, la amnistía puede ir más allá del perdón y convertirse en una vía a la impunidad. Lo habitual es que la amnistía se decrete en instancias de cambio político o social, implicando el perdón de delitos cometidos en un régimen pasado.
La Oficina del Alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU define la amnistía como:
“Medidas jurídicas que impiden el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía o la anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada”.
Como antecedente en México, tenemos que el expresidente José López Portillo, dijo ante el Congreso:
“…enviaré a este Honorable Congreso la iniciativa de Ley de Amnistía, que beneficie a los que pensando en la solución de sus problemas y en la de los demás, surgidos de marginaciones sociales y económicas, que infortunadamente todavía existen, manifestaron su inconformidad por la vía equivocada del delito. Con esta iniciativa, busco que dichos mexicanos vuelvan a sus hogares, se reintegren a la actividad ciudadana que el país reclama y concurran a las responsabilidades del quehacer nacional. Tengo la seguridad de que hoy como ayer, con Juárez, con Lerdo de Tejada y Cárdenas, una Ley de Amnistía hará más sólida y productiva nuestra paz social y política”.[2]
Dicho lo anterior, consideramos que la amnistía no se puede aplicar de manera general, se tiene que hacer un estudio muy particular de las conductas realizadas por cada persona en los diferentes delitos, es decir, circunstancias de modo, tiempo, lugar, ocasión, grado de participación, con dolo o culpa, etc, analizar las causas por las que una persona se vio obligada a llevar a cabo una conducta que produjo un resultado afectando el bien jurídico tutelado de otros.
Para lograr esto, necesitamos un sistema de justicia penal adecuado, sin fallas jurídicas que permitan a los impartidores de la justica, cometer errores que condenen a un inocente y absuelvan a un culpable de la comisión de un delito.
Dicho lo anterior, en México, aún no estamos preparados para que la amnistía se aplique, pero no se descarta su posibilidad, ya que el nuevo Gobierno deberá de implementar todas y cada una de las estrategias necesarias si quiere ser el primero en hacerlo.
Deberá de trabajar en coordinación con el Poder Legislativo, para que las iniciativas que presenten tengan la viabilidad de pasar los filtros jurídicos y no particulares o políticos en el Congreso.
[1] Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L.
[2] Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso, L Legislatura. Año III, periodo ordinario. Tomo III, 1º de septiembre de 1978
