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Algunos Aspectos Actuales Sujetos a Debate y Escrutinio Público en la Judicatura Federal Mexicana

Los juzgadores deben desempeñar su labor bajo un escrutinio social y público, pero sin verse mermados en su autonomía y en su arbitrio judicial.

Existen aspectos sensibles en la judicatura federal mexicana como son la remuneración de los empleados judiciales, las ratificaciones y adscripciones de las juezas o jueces de distrito y magistradas o magistrados de circuito, así como la posible excesiva existencia de familiares de servidores públicos judiciales dentro de la institución del Poder Judicial de la Federación.

En efecto, actualmente ha cobrado mayor importancia y trascendencia, en su análisis, las acciones y posturas del Consejo de la Judicatura Federal, con ciertos temas sensibles para la sociedad en relación con nuestra judicatura federal que están cada vez más sujetos a debate y escrutinio público, y que ahora más que antes requieren de un tratamiento adecuado que responda, en mi opinión, bajo un sano equilibrio, tanto a las demandas y reclamos sociales sobre el particular, como a las necesidades y a los esfuerzos desarrollados en una carrera judicial por parte de los juzgadores federales.

Estos temas sensibles, como anuncié, son los siguientes:

  • Salarios o sueldos (remuneraciones en lo general) de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, específicamente de los juzgadores federales.
  • Ratificaciones y adscripciones de los juzgadores federales.
  • Los familiares de los servidores públicos judiciales dentro de la institución.

Los anteriores aspectos actuales, cuyo tratamiento dado por parte del Consejo de la Judicatura Federal influye en el reconocimiento social de la institución del Poder Judicial de la Federación, son, entre otros, los tres ya enunciados, debiéndose tomar posturas o líneas de acción, considero, que a su vez respeten el ejercicio de la independencia judicial ya que los temas relacionados con cambios de adscripción de juzgadores, las ratificaciones en sus cargos, las remuneraciones (sueldos) y la existencia de familiares sin méritos y solo por favoritismos –lo que coloquialmente se conoce como “nepotismo”– también puede generar que su tratamiento no adecuado vulnere ese principio rector de la judicatura, siendo que la sociedad en general, desde mi perspectiva, y adicionalmente al margen de los reclamos sociales sobre estos precisos temas, también le interesa que sus juzgadores federales sean independientes y autónomos, y que no se vean mermados en el ejercicio de su labor jurisdiccional por el sometimiento en torno a la resolución de los aludidos temas ya que ello generará o podría generar detrimento, a su vez, en la calidad de la impartición de justicia, sobre lo cual todos los justiciables y el público en general me parece está interesado también en que esto no suceda así.

Dado el escrutinio público sobre el que se encuentran inmersos estos aspectos, se concluye que preocupan con mayor fuerza en la actualidad y deben ser analizados desde un justo medio y con objetividad absoluta, pues ahora los juzgadores ya no solo pueden verse comprometidos a resolver los asuntos en tal o cual sentido, a consecuencia de cuestiones políticas, o bien, de presiones económicas de entes privados o de los medios de comunicación –como sucede ante la existencia de un juicio relevante en donde estos medios inclinen su opinión con posible información inadecuada y, por ende, la del público en general, en relación a cómo debe fallarse un determinado asunto–, sino que también se empieza hablar de temas sensibles que tienen que ver o que al menos incidirán con la vida privada de los juzgadores, pues nadie podría negar que estos aspectos (adscripciones, sueldos, ratificaciones y familiares contratados en términos no transparentes) son cuestiones que repercuten en la vida y desarrollo personal del juzgador y de su familia, ya que las consecuencias forzosamente se trasladan al núcleo familiar del juzgador, al impactar en la estabilidad y continuidad de sus trayectorias o de su empleo.

En los tiempos actuales de México hablar de independencia judicial no es solo hacer alusión al principio rector de la carrera judicial o bien al también conocido canon ético que involucra en su conceptualización, también implica hacer referencia a una situación especial en la que los juzgadores se han visto envueltos en razón de cuestiones políticas y sociales sobre las que tenemos y debemos dar cuenta a la sociedad y a los justiciables, es decir, ya no se trata solo de la independencia judicial interna o incluso externa en lo general, sino también de dar respuesta a ciertas exigencias y cuentas que solicita el público del Poder Judicial y de sus juzgadores, sobre todo precisamente esos referidos temas o aspectos sensibles relacionados al “nepotismo”: remuneraciones, adscripciones, ratificaciones y compadrazgos o parentescos dentro de la institución.

“En los tiempos actuales de México hablar de independencia judicial implica hacer referencia a una situación especial en la que los juzgadores se han visto envueltos en razón de cuestiones políticas y sociales sobre las que tenemos y debemos dar cuenta a la sociedad y a los justiciables.”

Todas estas situaciones no escapan, desde luego, del Consejo de la Judicatura Federal como ente administrativo de autogobierno, aunado a que este principio de independencia judicial es uno de los medulares de los cinco que rigen la carrera judicial, dado que encuentra su origen en el diverso de división de poderes de Montesquieu, en la medida que descansa bajo la idea de que los Poderes Judiciales realizan su labor ajenos a cualquier presión, influencia o condición de cualquiera de los otros dos poderes del Estado, de ahí que este principio surge, incluso, desde el nacimiento de la judicatura como un poder constitucionalmente constituido y autónomo en ejercicio, funciones y atribuciones que no deben verse mermadas por ningún otro poder público ni por exigencias sociales que no respondan a un escrutinio auténtico de la labor jurisdiccional y de la conducta de los juzgadores.

Así, lo que se busca con esta reflexión es entender que los juzgadores deben desempeñar su labor bajo un escrutinio social y público, pero sin verse mermados en su autonomía y en su arbitrio judicial por temas que puedan afectar su estabilidad y seguridad, como son precisamente los ya referidos en torno a sueldos o salarios, ratificaciones en sus cargos o adscripciones o readscripciones, respecto de lo cual debe intervenir adecuadamente el Consejo de la Judicatura Federal, logrando atender esos reclamos y demandas sociales al tiempo en que no se merme tampoco la independencia judicial de los jueces y magistrados, y de la institución en sí misma del Poder Judicial de la Federación.

“Los juzgadores deben desempeñar su labor bajo un escrutinio social y público, pero sin verse mermados en su autonomía y en su arbitrio judicial por temas que puedan afectar su estabilidad y seguridad.”

Es importante destacar aquí la relevancia de la autocrítica para el debido ejercicio del freno y contrapeso, dado que para generar propuestas concretas de solución a estos temas o aspectos ya enunciados es indispensable realizar una autocrítica interna dentro del Consejo de la Judicatura Federal y de acciones que, proviniendo del propio Consejo, coadyuven cada vez más al mejoramiento del Poder Judicial de la Federación, y a que éste poder público realmente sea el que la sociedad necesita y demanda en cuanto al servicio público de impartición de justicia, y además, sirva de verdadero freno y contrapeso respecto de los otros poderes del Estado mexicano.

En ese orden de ideas, considero se debe poner especial cuidado y tratamiento a estos aspectos sensibles dado que, como dije, están cada vez más sujetos a debate y escrutinio público, al mismo tiempo que debe procurarse a la independencia judicial como principio rector de la judicatura federal para generar un sano equilibrio entre esas demandas o reclamos sociales y el correcto actuar por parte del aludido Consejo en torno a estos tópicos. Máxime si se pondera que dicha independencia favorece a la autonomía judicial. La materialización positiva de la independencia judicial es posible de distintas maneras y con diferentes alcances. Así, los órdenes jurídicos actuales contienen un conjunto específico de garantías a favor de los juzgadores, relativas a su selección, nombramiento, adscripción, remuneración, responsabilidad y estabilidad.[1]

“Debe procurarse a la independencia judicial como principio rector de la judicatura federal para generar un sano equilibrio entre esas demandas o reclamos sociales y el correcto actuar por parte del aludido Consejo en torno a estos tópicos.”

Por todo ello, puede concluirse que dado los tiempos actuales y el escrutinio público al que se ha sometido a este poder del Estado mexicano a nivel federal, es importante generar un debate constructivo sobre estos aspectos sensibles actuales que involucran la actuación en concreto del Consejo de la Judicatura Federal, pues desde luego los salarios o sueldos (remuneraciones en lo general), los procedimientos inherentes a las ratificaciones en los cargos –inamovilidad y estabilidad laborales– y a las adscripciones de los juzgadores, a más del tema que se refiere a la posible existencia excesiva de familiares de los servidores públicos judiciales dentro de la institución –práctica que pudiera generar “nepotismo”–, implica la reflexión, el análisis y la intervención del aludido Consejo, con el objeto de que sea el Poder Judicial de la Federación un ente que coadyuve correctamente en el debido ejercicio del freno y contrapeso respecto de los restantes poderes públicos. Esta labor estimo se ha venido atendiendo y realizando las acciones pertinentes ya desde hace algunos años, pero desde luego, se tratan de aspectos que requieren siempre una atención permanente y constante.


[1] José Ramón Cossío. Jurisdicción Federal y carrera judicial en México. UNAM, México, 199, pp. 29-31.

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