A punto de culminar el periodo ordinario, el Presidente AMLO envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de Reforma Electoral con un planteamiento que pretende eliminar al Instituto Nacional Electoral (INE) y sustituirlo por un órgano electoral a modo, minando su autonomía y sus avances democráticos, buscando controlar el sistema electoral, con el pretexto de que su objetivo central es “hacer más barata la democracia”.
La iniciativa propone cambios a 18 artículos constitucionales y 7 transitorios y busca transformar al INE en un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, compuesto por 7 consejeros, en lugar de los 11 actuales, que serían electos mediante el voto ciudadano directo y secreto. Además, plantea eliminar a los Organismos Públicos Locales (OPLES) para que sea un solo organismo el que se encargue de las elecciones federales y locales.
Asimismo, contempla eliminar 200 diputados y 32 senadores plurinominales; quitarle al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la competencia para resolver las impugnaciones en la materia, la calificación del proceso y la declaración de resultados, pasándola a la Corte y modificar varias reglas en la composición de legislaturas locales y ayuntamientos.
No obstante la reciente experiencia del rechazo a su Reforma Eléctrica por parte de la oposición y que se requiere también de una mayoría calificada para que la reforma sea aprobada (mayoría que no tiene), AMLO decidió enviarla al Congreso en lugar de negociarla y consensarla previamente, provocando con ello la respuesta inmediata de los dirigentes de la coalición “Va por México” (PAN, PRI y PRD), diciendo que “no pasará”, por tratarse de una reforma que significa una regresión democrática y afecta la pluralidad, además, nos llevaría de regreso a un partido único.
Varios especialistas y analistas han expresado que con esta reforma AMLO busca afianzar su proyecto autoritario, centralista, con un partido de Estado, sin contrapesos y sin espacios para la oposición. Según la opinión publicada por miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se trata de una iniciativa ambiciosa e insensata que, de ser aprobada, implicaría un retroceso histórico para la democracia mexicana.
Algunos consejeros y exconsejeros del INE afirmaron que es una reforma regresiva, que elimina la pluralidad, la autonomía de las instituciones y la eficacia en la organización de los comicios. Por ejemplo, el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, señala que de aprobarse AMLO podría “atacar al órgano electoral y en 2024 servir como pretexto al Presidente para desconocer resultados si le son adversos”. El exconsejero, Marco Antonio Baños, advierte que la reforma no busca fortalecer el sistema electoral, sino ampliar los márgenes del control político del Presidente.
Lo cierto es que la iniciativa constituye el primer ataque frontal de AMLO en sus intentos de desaparecer al INE, que le ha resultado incómodo en sus aspiraciones de centralizar y controlar todo el poder del Estado en su persona. Es la prueba de que seguirá “polarizando” el ambiente político y social, a pesar de que el INE es una de las más sólidas instituciones democráticas que tenemos, que ha costado a los mexicanos varias décadas de lucha y esfuerzos y que se ha venido consolidando con la participación de todas las fuerzas políticas. Esperemos que, como ya lo ofreció la oposición, la iniciativa no pase y se presente y apruebe otra alternativa que realmente fortalezca nuestra democracia y no sea un pretexto para seguir dividiendo a la sociedad mexicana.
