Nuevamente el presidente AMLO desafía al Poder Judicial de la Federación y, como lo ha hecho antes, critica y desacredita las decisiones de jueces dictadas en juicios de amparo, que no le gustan y que no favorecen acciones –supuestamente ilegales– tomadas por su administración.
Respecto a la suspensión definitiva concedida a la empresa Iberdrola, que le permite evitar pagar una multa de 9,145 millones de pesos mientras transcurre el juicio, López Obrador señaló que la decisión del juez especializado en competencia económica era “increíble” e informó que se investigaría al juzgador y a cualquier otro juez que haya participado, de encontrar anomalías se denunciaría a los implicados.
Igualmente, tras haber sido declarada la construcción del Tren Maya como materia de seguridad nacional, el mandatario señaló que su administración no está en desacato judicial al ordenar que se reanude la construcción del tramo 5, a pesar de las suspensiones que pesan sobre la obra.
La Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE) subraya en un comunicado que “ninguna autoridad del país está legitimada para ejecutar actos que fueron suspendidos tras una apreciación preliminar de su inconstitucionalidad”.
La Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, A. C. (ANDD) invitó al titular del Ejecutivo Federal –y a todos sus subordinados–, a que utilicen los instrumentos procesales y medios de defensa previstos en nuestras leyes para inconformarse en contra de cualquier decisión de los órganos jurisdiccionales y, al mismo tiempo, para que se abstenga de emitir mensajes y realice acciones de amenaza, intimidación e investigación en contra de funcionarios del Poder Judicial por ser actos contrarios a la independencia judicial y, por lo tanto, a la Constitución y que atentan contra nuestro Estado de Derecho.
Por su parte, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) indicó que “la mención de la realización de investigaciones personales dirigidas a funcionarios jurisdiccionales, compromete la independencia judicial, y debilita los cimientos de un estado constitucional de derecho”.
Las organizaciones de abogados exigieron al gobierno utilizar los recursos jurídicos para impugnar las decisiones del Poder Judicial y abstenerse de denostar a los jueces, ya que esta conducta impacta negativamente en la opinión pública, reiterando su defensa de la división de poderes y de la independencia del Poder Judicial, exhortando al mandatario a respetar las decisiones judiciales y el Estado de Derecho.
No obstante, López Obrador se escuda en la transparencia y el combate a la corrupción para intimidar a los impartidores de justicia, y como ya se ha vuelto costumbre en su administración, ha desoído la advertencia de incurrir en abiertas violaciones a la ley, insistiendo en que no cederá ante sus adversarios, poniendo de nuevo en jaque al Estado de Derecho.
Por lo visto, AMLO está dispuesto a llevar hasta el término de su sexenio el aberrante argumento de que “no le vengan con el cuento de que la ley es la ley”.
Llama la atención que nuevamente el Presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, el Ministro Arturo Zaldívar, se quede callado y se abstenga de salir en defensa de la función jurisdiccional y de los juzgadores, que solo actúan observando lo que el marco jurídico les ordena y faculta y, sobre todo, en defensa de la independencia judicial. ¿Por qué esta actitud?, ¿por no contrariar a su futuro jefe?
