Desde el primer minuto del viernes 1 de diciembre, inició el proceso de entrega-recepción de la Administración Pública Federal (APF), gradualmente los equipos de trabajo del gabinete designado por AMLO para ocupar los cargos más relevantes de la APF fueron tomando posesión de sus encargos con una misión específica de austeridad y con una reducción importante de la burocracia.
No debería llamar la atención esta situación ya que ocurre cada sexenio, sin embargo, el Gobierno entrante lo llama el inicio de la cuarta transformación; la definición es ambigua, y en la práctica está resultando traumática para miles de servidores públicos, no sólo por los rumores de reducción de salarios, cancelación de gastos médicos, seguros de vida y otras prestaciones que a la fecha se carece de información precisa y habrá que esperar a que el Congreso apruebe la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para conocer con exactitud, el impacto que tendrá en el personal de confianza.
Un gobierno de izquierda que llega al poder con un alto apoyo ciudadano, precedido de un hartazgo generalizado de la sociedad, principalmente por temas de Corrupción e Impunidad, así como de ineficiencia y desprestigio de muchas Instituciones públicas, y que tal vez, por esas circunstancias el gobierno entrante haya tomado la decisión de hacer una purga en todo el aparato burocrático Federal. El problema en los hechos es que no existe un plan coherente o una metodología adecuada para la depuración o recorte de dicho personal, tal parecer que nuestros nuevos dirigentes se apegan a la famosa frase empírica; la carreta cargada de calabazas al momento que la jalan, se van a acomodando las calabazas.
Lo más recomendable habría sido hacer cambios quirúrgicos y no a machetazos, como en la práctica está sucediendo, ejemplos como pedir renuncias a servidores públicos honestos, altamente profesionales y capacitados de la misma forma que a presuntos servidores públicos corruptos y depredadores, implica que como hipótesis, todos eran corruptos. Asimismo debemos reflexionar en cuanto al método de ingreso de los nuevos funcionarios ¿que nos garantiza que los nuevos servidores públicos sean impolutos?, la sociedad como tal carece de un mecanismo eficiente para verificar las aptitudes, virtudes y defectos de los nuevos funcionarios, cuando deberíamos de tener la certeza de que quitaron a los corrupto y entraron los honestos.
Adicionalmente los altos funcionarios; Secretarios, Subsecretarios, Titulares de Unidades, Directores Generales, traen la consigna y así lo han expresado públicamente de hacer un recorte de personal en todas las áreas y en un porcentaje del 30%, hecho que no es mala idea (adelgazar la burocracia), la crítica está en el cómo y en la metodología utilizada para alcanzar ese propósito. Las últimas noticias exhiben al gobierno pidiendo masivamente las renuncias a personal del SAT, situación que obligó al Presidente a declarar a los medios que él personalmente revisará el tema de los despidos. El personal de confianza formado por Jefes de Departamento, Subdirectores, Directores, etcétera, está formado por servidores públicos que en algunos casos tienen experiencia sobrada e incluso un nivel académico de posgrado o maestría; elementos que no están siendo evaluados a la hora de pedirles sus renuncias con el único justificante de “no queremos a nadie de la administración anterior”
El tema de ninguna manera es baladí, ya que estamos hablando del incumplimiento al Estado de Derecho, así como el Presidente ofreció en campaña acabar con la corrupción e impunidad, barriendo las escaleras de arriba hacia abajo, igualmente el cumplimiento de la ley debe ser de forma vertical ya que si la propia autoridad, incumple la ley, no pueden exigir que la sociedad la cumpla ya que con ello, se estaría propiciando una polarización y caos social, por la falta de cumplimiento a la Ley.
El Régimen Político de ninguna manera debe estar por encima del Régimen Jurídico, sí la 4T, se sigue empeñando en debilitar a las instituciones, así como vulnerar a los organismos autónomos e incluso a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al recortarles presupuesto y pretender reducir sus salarios con la promulgación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, se viola lo establecido en el artículo 94 Constitucional que en el párrafo relativo estable “La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”.
Y ante tal situación jurídica algunos legisladores de morena, groseramente y carentes de sustento jurídico lanzan la amenaza al Poder Judicial “Señores Ministros, o se los bajan o se los bajamos”. #AsinoAmlo
